Argentina: Derechos Humanos más allá de la dictadura... y del kirchnerismo


Los Derechos Humanos durante el kirchnerismo quedaron circunscritos al concepto de "Memoria, Verdad y Justicia", lo que acotó su alcance y permitió a la dirigencia política quedar eximida de garantizar derechos en la actualidad, más allá de las violaciones de los mismos cometidas entre 1976 y 1983.

(*) por Diego Corbalán

En los 12 años de kirchnerismo, la cuestión Derechos Humanos quedó acotada prácticamente a un único momento político-histórico. Durante las tres presidencias de la era K, el tema quedó circunscrito a los oscuros sucesos que se dieron entre 1976 y 1983. Tal vez algunos episodios anteriores al golpe del 24 de marzo también hayan entrado en esa zona de juzgamiento. Pero si no fue por un proceso judicial, fue por un cuestionamiento político y no mucho más.

El concepto de "Memoria, Verdad y Justicia" sobre aquellos episodios fue recogido por el kirchnerismo y llevado a su rango de política de Estado; fue una decisión necesaria y reconocible como también lo fue el proceso de enjuiciamiento de los jerarcas de la última dictadura por parte del alfonsinismo, en los primeros años del tumultuoso retorno democrático.

Sin embargo, la vigencia de los Derechos Humanos de 1983 hasta esos días parece una quimera, como si esos derechos se hubiesen ido de paseo con el kirchnerismo. Aunque suene a redundante, aunque no los veamos, los Derechos Humanos están, y deben ser garantizados, sea el gobierno que fuere.

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El 10 de diciembre de 1948, Naciones Unidas dio vida a la histórica Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo hacía en la salida de la Segunda Guerra Mundial, con un documento que consagraba el respeto de la condición humana ante los poderes públicos. Años de invisibilización de los Derechos Humanos y la violación de los mismos ameritaban un pronunciamiento global, de la mano de la entonces flamante organización de Naciones Unidas. Había caído el nazismo y con ello se buscaban sellar para siempre las catacumbas de los peores horrores cometidos por la mente y la mano humana.

Sin embargo, de aquella Declaración de 1948 pasaron muchos años hasta que, en países como la Argentina, la violación sistemática de esos derechos por parte de gobiernos, generalmente dicatoriales (aunque democráticos, también), dieron vida a una corriente de rechazo y denuncia de ese avasallamiento. Y, claro está, tuvo que ser la sanguinaria y facinerosa dictadura, la última, especialmente, la que demostrara de qué modo se violaban derechos humanos, por ejemplo, mediante la nefasta desaparición forzada de personas.

Fueron hechos tan dolorosos y desgarradores que, pese al retorno democrático, llegamos hasta nuestros días asociando aún la vigencia de los Derechos Humanos con el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia sobre aquellos episodios, mientras seguimos relegando su proyección sobre el presente.

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De acuerdo a la Convención de Naciones Unidas de 1948, los Derechos Humanos comprenden un conjunto de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales para todos los hombres y mujeres, reunidos en 30 artículos.

De aquella proclama pos guerras mundiales, el devenir histórico hizo que incluso haya que ampliar esos derechos, más allá de las personas mismas. Allí entró, por ejemplo, el denominado tercer sector, un conjunto de organizaciones no gubernamentales que surgieron justamente al calor del reclamo del respeto de derechos de millones de personas en todo el mundo que los Estados vulneraban. Las ONG son un componente fundamental hoy en la búsqueda de dicha garantía.

Por otro lado, en la ampliación del alcance de los derechos humanos también terminaron comprendidas, no sin resistencia, las empresas, especialmente las multinacionales, las que hoy constituyen verdaderos estados independientes y a la vez con alcance planetario.

En el mundo existen más de 3.400 Acuerdos y Tratados protegen las inversiones a nivel global, estableciendo marcos jurídicos vinculantes. Sin embargo, no existen mecanismos del mismo rango que obliguen a las transnacionales a respetar los derechos humanos. Este diferencial es ocasión para las multinacionales: instalarse en un país que no le exige respeto a los derechos humanos, los derechos laborales o del medio ambiente constituye una clara ventaja.

Hoy por hoy, la única protección con que cuenta un trabajador de una firma y el entorno de la misma son los códigos escritos voluntariamente por la propia empresa a través de lo que se conoce como Responsabilidad Social Corporativa o Empresaria. También puede que las multinacionales se regulen mediante los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU. Pero, en definitiva, lo que la comunidad internacional no termina de exigir es un cumplimiento efectivo de los Derechos Humanos por parte de las empresas de gran escala, mientras ellas siguen prometiendo autoregulación.

En 2014 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio un paso importante: la Resolución para la elaboración de un Tratado Vinculante que obligue a las transnacionales a respetar los derechos humanos. Sin embargo, al menos hasta el año pasado, la falta de compromiso y participación de muchos países bloquea la discusión.

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Volviendo a la Argentina, el respecto a los Derechos Humanos sigue siendo una deuda.

Por ejemplo, en el capítulo sobre derechos de género queda claro que estamos en una atraso supino. En ese sentido, Amnistía Internacional advierte que en nuestro país se sostiene aún la criminalización de las mujeres por la decisión de abortar. Se las persigue por someterse a la prostitución. Además, son las mujeres las que más caen en procesos antidrogas; son deenidas y pagan con la cárcel. Por otro lado, las mujeres son las principales víctimas de las redes de trata de personas. Son ellas también las que peor pagan, incluso con la vida misma, en los casos de violencia de género. En definitiva, casi todos derechos humanos de las mujeres que, en pleno siglo XXI, son violados sistemáticamente.

El ejemplo del colectivo #NiUnaMenos explica esta realidad, mientras el Estado corre a la saga de este reclamo, prometiendo garantizar los derechos de las mujeres una vez que el reclamo popular copó las calles.

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A nivel regional, otra de las violaciones flagrantes de los derechos humanos es la desaparición de personas.

Pese a que en la Argentina fue una práctica que se interrumpió con el fin de la dictadura en 1983, casos como el Jorge Julio López o el de Luciano Arruga nos muestran que, cuando alguien quiere, puede hacer desaparecer a quien quiera. O incluso puede ser el propio Estado quien encierre a quien quiera en cárceles deplorables, con el agravante de torturar hasta la muerte u obligar a los reclusos al suicidio. Esto también constituye una violación de Derechos Humanos.

Pero volviendo a la cuestión de la desaparición de personas, por ejemplo, en México, hace años que viene constituyéndose una práctica naturalizada por el narcotráfico y la guerra entre bandas.

La persecución de campesinos en países como Brasil y el desplazamiento de pueblos originarios de sus tierras también constituyen violaciones a los Derechos Humanos en la región, incluso en la Argentina.

En la cuestión ambiental, la deliberada omisión en la Argentina del cumplimiento de la Ley de Bosques es una muestra cabal de que al medioambiente no se lo respecta, avasallando también otros derechos de los seres humanos como es el de gozar de un entorno de naturaleza, preservado del avance voraz de los intereses económicos.

Otro ejemplo de claridad meridiana en nuestro país es el de los reclamos de seguridad de las últimas dos décadas que los argentinos vienen realizando. Esta exigencia, sin dudas, desnuda una realidad hasta ahora no reconocida por el poder político, o por lo menos no atendida con eficiencia. La llamada inseguridad, o la sensación de falta de seguridad por el avance de la delincuencia es otra clara muestra del avasallamiento de derechos.

En ese sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que la inseguridad y la desigualdad son los dos flagelos que más golpean a nuestra América Latina, con la Argentina dentro, claro. La pérdida de la tranquilidad de la que gozaban nuestro abuelos y tal vez nuestros padres es parte de ese marco creciente de inseguridad.

Pero, asimismo, continúa sin solución (o al menos sin mejora), la realidad de la desigualdad, especialmente la económica. La nivelación de derechos en lo político y en lo social no viene siendo acompañada por un equilibro en el reparto de las riquezas de los países. En ese sentido, América Latina sigue siendo el continente de mayores desigualdades, con un puñado de ricos que pelean por ser los más acaudalados del mundo, por un lado, y millones de personas que ni siquiera llegan a ser pobres y, en el mejor de los casos, son indigentes de múltiples necesidades no cubiertas, por el otro.

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Con este simple repaso, advertimos que hoy los derechos humanos se siguen violando en la Argentina y en gran el mundo, especialmente en nuestra América Latina.

En nuestro país, nos queda claro que no se puede darle fin al proceso de Memoria, Verdad y Justicia hasta que no se cierren todos los juicios contra los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Pero es hora de empezar a abrir los ojos con más dedicación sobre la actual violación de los Derechos Humanos.

En ese sentido, el kirchnerismo miró para otro lado preocupado más en lograr el enjuiciamiento, condena y detención de los responsables de las atrocidades de los 70 que en garantizar la plena y amplia vigencia de los Derechos Humanos en el presente. Los abusos de las fuerzas de seguridad no se detuvieron durante el kirchnerismo. Y aún hoy persisten. El poco respeto a las condiciones de mínimas de detención en las cárceles también continúa. El reconocimiento de la pertenencia de sus tierras ancestrales a los pueblos originarios sigue pendiente. El respecto de la condición de género todavía tiene una larga nómina en el debe.

El kirchnerismo puso fin a su permanencia en el poder el 10 de diciembre de 2015; los Derechos Humanos, en cambio, no terminaron su vigencia; ellos no tienen fecha de vencimiento como sí la tienen los procesos políticos.

(*) director de ADN Argentino